Sin lo diverso no existe lo homogéneo. Carlos Lara G.

Sin lo diverso no existe lo homogéneo 

Sobre la ciudadanía cultural, a propósito de Carlos Monsiváis 

En febrero de 2008, Carlos Monsiváis, en uno de sus artículos publicado en la revista Nexos, intitulado Tres aproximaciones a la cultura (si esta se deja), expuso un esclarecedor acercamiento a lo que denominó “Las ciudadanías culturales en el siglo XXI”. El contexto por el que atravesaba el país era, entre otros, el de la todavía alternancia en el poder, el tripartidismo en el Poder Legislativo y el ascenso de algunas pequeñas expresiones políticas que comenzaron a crecer en las axilas de la transición. La izquierda aún resentía aquella enorme desilusión que fue el hecho histórico de que la salida del autoritarismo en el país se hubiera dado por el centro-derecha y el PAN, y no por una izquierda. Se discutía la reforma constitucional que establecería un año más tarde el derecho a la cultura en la Constitución. Esto es, el derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, que no era una realidad aún. Tampoco lo era la reforma constitucional que cambió el paradigma de los derechos humanos en méxico, que vendría tres años después a modificar la antropología jurídica de la cultura.

En ese contexto se preguntaba ¿Qué es ciudadanía cultural? Y señalaba que era una definición sucinta de un término sujeto a debate en Estados Unidos, concebida como la pertenencia de una comunidad a la que integran los gustos, las prácticas y las sensibilidades compartidas. Decía que esto, idealmente se daba en torno a las creaciones más notables de la especie humana, o bien, desde una perspectiva antropológica, en torno a los modos de vida. Recurría a Renato Rossaldo para argumentar que desde el carácter global de las disciplinas científicas, éramos, somos o podíamos ser ciudadanos culturales: “se extraiga poco o bastante de esa identidad, se adscriba uno o no a un plan de prácticas, por lo común ligadas a las artes y las humanidades de la tradición de Occidente, pero ya también, y de modo creciente, a las tradiciones de Oriente y, apenas, a las del mundo africano”.

Sostenía que si la definición de ciudadanía cultural abarcaba el disfrute y difusión de bienes básicos (en otras palabras, el acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales y la participación en la vida cultural de la comunidad), los primeros obstáculos, decía, para esa ciudadanía, serían la desigualdad y las costumbres del uso del tiempo libre, ahora a cargo de las denominadas industrias culturales. En efecto, dichos obstáculos están condicionados cada vez más por el desarrollo tecnológico, la conectividad y el consumo cultural algorítmico, puesto que la convergencia digital de estos tres elementos que hacen posible el consumo cultural, determinan el uso del tiempo libre de forma desigual.  

Como sabemos, Monsiváis solía pontificar, no solo el fundamentalismo de la derecha por carecer de de ideas, sino también la vulgarización dogmática de la izquierda. No sé qué pensaría del actual gobierno federal, del desmantelamiento cultural que vive el país, si tendría mayor incidencia moral que Elena Poniatowska y adláteres luego de que, según pudo atestiguar (por lo menos en la teoría), la renovación del canon cultural, simpatizaba mayoritariamente con el centro-izquierda. Por lo menos era bilingüe, solía decir. En verdad me hubiera gustado saber su punto de vista en relación a esto que ha dicho de forma inmejorable Guillermo Sheridan acerca de la rareza de nuestro país, fundado por curas que querían ser presidentes y que ha terminado bajo el poder de un presidente que quiere ser cura.

Murió sin atestiguar los avances jurídicos en materia de acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo de los derechos humanos en general, a partir de las reformas constitucionales antes señaladas, que este mes cumplen diez años. Una década en la que hemos visto avanzar lo que en su tiempo se combatía; la diversidad cultural y la homogeneidad. Dos de sus banderas. Aún a pesar del anacrónico gobierno mal llamado de izquierda que ejerce lo peor de las ideas de los años setenta en el país. Ejemplo de ello, es la unidad nacional y ese discurso chafarrinoso que le rodea. Fuera de eso, muchas cosas han cambiado. La fe católica, por ejemplo, la raza que, ya no solo se admite una sola; tampoco una sola pigmentación reconocida como propia, mucho menos un género dominante. En la actualidad superamos la legislatura de la paridad a nivel federal y en varios estados, lo mismo que el número de gobernadoras en el país, que ha crecido de forma notable y plausible. Me encantaría decir que ya no hay un solo partido único y hegemónico, pero es de las cosas que se empeña el actual presidente en mantener. El patriarcado tampoco es lo mismo, cada vez tiene menos influencia en la desaprobación familiar y en la vida social. Y qué decir de la llamada moral y las buenas costumbres, y de las minorías sexuales, un sector que hasta hace poco no tenía derechos ni humanidad reconocida.

Los retos para la alianza opositora en la Ciudad de México

Todo lo anterior representa un reto enorme para la Alianza Opositora de la Ciudad de México que gobernará los próximos tres años, porque la ciudadanía cultural se ejerce, entre otros en los espacios culturales públicos. Existen poco más de 260 espacios de esta naturaleza en las 16 Alcaldías de la ciudad, de acuerdo al Sistema de Información Cultural de la CDMX. Dentro de la infraestructura básica se contabilizan 162 museos más de 160 teatros y poco más de 340 bibliotecas. Además de los centros, foros y espacios culturales que cada alcaldía tiene, algunos propios, otros universitarios y otros más privados que, independientemente de eso, comparten agenda. En ambos tipos de infraestructura cultural la Alianza Opositora integrada por el PAN, el PRI y el PRD, tendrá la gestión del mayor número de espacios destinados al fomento y promoción del arte y la cultura. Y, al margen del historial político de cada partido, es una alianza integrada por quienes han desarrollado la creación de instituciones artísticas y culturales, la legislación y consolidación del derecho a la cultura y los derechos culturales en la Constitución, la creación de la Secretaría de Cultura, el presupuesto más alto de la historia para la cultura y las artes, la creación de la política cultural de estímulos fiscales para el fomento al arte y la cultura. Todo lo que la alianza gobernante ha estancado, eliminado y desestabilizado. 

Monsiváis consideraba que de modo fundamental la cultura dependía de los sistemas educativos, en especial, de la enseñanza superior. Digamos que es uno de los ámbitos mediante los cuales se garantiza, ya que por el derecho a la educación aprendemos leer y a escribir, en tanto que por el derecho a la cultura aprendemos a pensar. Es aquí donde, bajo mi particular punto de vista, residen las bases de la denominada ciudadanía cultural que ejercemos en el marco de, entre otros tantos, el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, un derecho que comporta por supuesto, una contribución a la misma. 

Es aquí donde debemos repensar muchas cosas que hace apenas diez años eran una suerte de requisitos previos a la convivencia. Por ejemplo, “el amor que no puede decir su nombre” del que hablaba Monsiváis, o la tendencia de los jóvenes gays y lesbianas de informar a sus padres sobre su orientación sexual, que ya no es una práctica reservada a las grandes ciudades como a él le tocó observar y analizar; desigualdades que solo han podido ser superadas por la vía del ascenso jurídico. Hoy, el qué dirán está infravalorado y en la explosión demográfica los comportamientos legales, como bien afirmaba, se vuelven legítimos, y viceversa. Los próximos gobernantes de las 16 alcaldías, en particular quienes integran la Alianza Opositora, deberán entender que la renovación del canon cultural donde se enmarca al ciudadanía cultural, ya no simpatiza de forma mayoritaria sólo con el centro-izquierda; que ha dejado de ser bilingüe, que es políglota. Que habitamos una entidad federativa que ha decidido llevar el derecho a la ciudad, de una categoría sociológica a una categoría jurídica en su Constitución. Y que si algo se había venido combatiendo de forma injusta durante mucho tiempo, era la diversidad, olvidando que sin lo diverso no existe lo homogéneo, como acertadamente sostenía Carlos Monsiváis.

El derecho a la cultura y el derecho a la salud

El derecho a la cultura comporta el acceso a la seguridad social de los agentes culturales 

 Carlos Lara G.

José Manuel Hermosillo

Una de las muchas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de robustecer los sistemas de salud para la prestación de este derecho fundamental. En el caso de los agentes culturales, entiéndase creadores y promotores del arte y la cultura, ha sido de los sectores más afectados por el Covid 19. Es por ello que, a partir de la sentencia lograda por las personas trabajadoras del hogar, hacemos el siguiente planteamiento en las mesas de negociaciones con el área de Normatividad y la Coordinación de Afiliación al IMSS.

En esta peregrina idea de facilitar el acceso a la seguridad social a los creadores y promotores de bienes y servicios culturales, resulta peligroso confundir al trabajador independiente, con las garantías que todo trabajador tiene a la seguridad social frente al Estado. Aún más peligroso es el hecho de desconocer el carácter de prioritario que esta actividad económica representa para el desarrollo social. Con lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho hasta el momento, podemos decir que se equivoca al pretender incluir al sector cultural, a través del modelo de incorporación voluntaria establecido por el Instituto, al Régimen Obligatorio que presta. Lo primero que debemos entender es que el Estado tiene obligaciones constitucionales inmediatas, a partir de la sentencia emitida por la Corte, en el caso de las personas trabajadoras del hogar, respecto al derecho a la seguridad social. Es clara en el sentido de que debe garantizar el ejercicio de ese derecho sin discriminación alguna; con igualdad de derechos de hombres y mujeres; y la obligación de adoptar medidas para lograr la cabal aplicación del referido derecho a la seguridad social.

Dicho de otra forma, dentro del núcleo esencial o niveles mínimos indispensables del derecho humano a la seguridad social, la sentencia establece que el Estado “debe asegurar el derecho de acceso a los sistemas o planes de seguridad social sin discriminación alguna, en especial para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”. Para los trabajadores del arte y la cultura, el derecho a la seguridad social es importancia fundamental para garantizar su dignidad humana. Es un derecho que todo trabajador debería tener, situación que en la práctica no siempre. 

La cobertura voluntaria, de acuerdo con la OIT, "carece de efectividad, toda vez que recaería en los trabajadores del arte y la cultura la difícil tarea de convencer al empleador para inscribirse en el Seguro Social". (Véase el Informe 319 sobre Libertad Sindical emitido por el Comité de la OIT)

En cambio, "el carácter obligatorio de la afiliación juega un papel fundamental para la extensión de la cobertura". El Estado debe generar el régimen de seguridad social para atender las distintas necesidades del sector cultural, incluidos los grupos vulnerables o marginados. 

La propuesta que hacemos en este importante tema, no olvida por supuesto que el Estado cuenta con un margen de discrecionalidad o libertad configurativa necesaria para determinar, conforme a los recursos que disponga y frente a sus circunstancias específicas, las distintas maneras en que los trabajadores del arte y la cultura puedan acceder a la seguridad social, acorde a los diversos planes, regímenes o políticas públicas existentes. Lo anterior, atendiendo a la trascendencia sistémica y estructural del problema de discriminación detectado en los trabajadores del arte y la cultura, así como a la obligación derivada del artículo 1º Constitucional, lo procedente es poner a conocimiento del IMSS la discriminación que genera el excluir a los trabajadores del arte y la cultura del régimen obligatorio del Seguro Social, así como la ineficacia del diverso régimen voluntario de seguridad social para tutelar, adecuadamente y de manera digna, el derecho humano a la seguridad social de este sector estratégico para el desarrollo. 

Asimismo, para guiar la instrumentación de la política pública que deba emprenderse para solventar el referido problema de seguridad social, se plantea al IMSS que, dentro de un plazo prudente, y solicitando para ello las partidas presupuestales que se estimen necesarias en el ejercicio fiscal que corresponda, implemente un programa piloto que tenga como fin último, diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para los trabajadores del arte y la cultura, con base en los siguientes lineamientos:

i. El régimen especial de seguridad social debe contar con condiciones no menos favorables que las establecidas para los demás trabajadores;

ii. deberá tomar en cuenta las particularidades del trabajador del arte y la cultura;

iii. debe resultar de fácil implementación para los patrones;

iv. no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio;

v. debe ser viable para el IMSS, desde el punto de vista financiero; y

vi. se deberá explorar la posibilidad de facilitar administrativamente el cumplimiento de las obligaciones que deriven de este régimen a los patrones.

No está de más argumentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la finalidad de los anteriores lineamientos o directrices estriba en que, también mediante un programa piloto, el IMSS, acorde a sus capacidades técnicas, operativas y presupuestales, se encuentre en aptitud de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para los trabajadores del arte y la cultura en forma gradual y, en ese sentido, se logre obtener la seguridad social efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de los trabajadores del arte y la cultura.

 

El patrimonio sensorial y los sonidos del campo. Carlos Lara G.

A simple vista puede parecer absurdo hablar de una valoración jurídica del patrimonio sensorial, pero no lo es. Tengo la fortuna de poder visitar cada año la zona del mediterráneo español, la región de La Mancha y otras maravillosas comunidades cuya gastronomía, paisajes, oficios y formas de vida, ayudan a entender la relevancia de esta categoría del patrimonio natural. 

Puertas al campo

Hace aproximadamente un año, en una isla de la costa atlántica francesa llamada Saint-Pierre D'Oleron, que se ha convertido en un apacible destino de casas de campo, un gallo de nombre Maurice ganó una batalla legal por su derecho a seguir cantando. También podría parecer absurdo, lo sé, pero no lo es. La corte francesa le otorgó, mediante un fallo judicial su derecho a cantar, luego de un juicio que movilizó a la sociedad francesa a nivel nacional, poniendo de relieve las tensiones, cada vez mayores, entre lo urbano y lo rural. La batalla inició en 2017 a partir de las quejas de un grupo de vecinos que no soportaban el canto del gallo que comenzaba a las 4:30 de la mañana y continuaba a lo largo del día hasta entrada la noche. El caso escaló a la Corte al mismo tiempo que las redes sociales lograban conseguir 140 mil firmas, que defendían, además del gallo, el tipo de vida rural en esas comunidades. Y así fue. La sentencia del tribunal sostuvo que el campo debía permanecer tal y como es y no debían silenciar sus sonidos. Un criterio acertado sin duda, ya que de lo contrario pudo haber sentado un mal precedente para el resto del ecosistema del campo. La decisión del tribunal, no solo libró a la dueña del gallo de pagar costosas multas, como lo exigían los demandantes por considerar que perturbaban la calma del sitio, sino que el fallo en su favor vino acompañado de una indemnización que debieron pagar los propios querellantes por los daños causados, tanto a la dueña del gallo como al ave. 

Un año después, en enero de 2021, el parlamento francés aprobó la protección de los sonidos y olores del campo como “patrimonio sensorial”, desde el canto del gallo y las campanadas de las iglesias, hasta los efluvios de los establos, bajo el criterio de que forman parte del entorno tradicional de un territorio y son indispensables para el equilibrio social y económico de estas pequeñas comunidades. En la exposición de motivos, se estima además que el reconocimiento de esos sonidos, olores e identificación como elementos integrales de los territorios rurales, permitirá frenar posibles actos contenciosos entre vecinos. Es interesante que, en el caso de las campanas de las iglesias, los alcaldes de cada ayuntamiento son quienes deberán conciliar el orden público con el respeto a la libertad de culto. Llama mi atención este punto ya que en México, luego de la aprobación de las Leyes de Reforma en el siglo antepasado, comenzamos a ver en diversos templos, incluso en aquellos que son patrimonio histórico, un reloj adosado en la parte frontal superior, cuyo mensaje simbólico era precisamente que a partir de esas reformas, cuyo principal fundamento fue la separación de la iglesia y el Estado, el tiempo sería dictado por el poder civil, ya no por el poder religioso. Sin embargo la tradición fue más poderosa. De hecho, en casa de mis padres, se siguen escuchando las campanas de la iglesia, solo que a través de bocinas y un regulador de decibeles. Volviendo al caso, creo que lo más relevante del fallo es que ofrece una primera base jurídica para el desarrollo de la mediación.

Hace unos años visité la ciudad francesa de Grasse, conocida como la capital internacional de los perfumes, aproveché para recorrer también los bellos alrededores de la Provenza-Alpes-Costa Azul, bordeando el Mediterráneo en tren. Lo único que puedo decir es que comencé a entender la relevancia del patrimonio sensorial. De hecho, una de las cosas que más me agrada del Tour de Francia, son las espléndidas imágenes aéreas que muestran maravillosos campos, extensos valles, cristalinos ríos y vastos territorios agrícolas bien ordenados. Pese a lo rápido de las tomas, se aprecia el entorno de la vida campirana de esas comunidades. Es entendible también a la distancia, la lucha altermundista que encabezó el legendario Josep Bové hace más de 20 años, quien en su etapa de agricultor y sindicalista llevó a cabo la destrucción de un McDonald´s con la ayuda de sus seguidores, en protesta por las importaciones del gobierno que afectaban la producción y el consumo local. 

El derecho a la ciudad y a la vida de pueblo

Es verdad que el denominado derecho a la ciudad comienza a ser una categoría jurídica además de sociológica, que en este momento tiene al menos tres características esenciales, la un derecho complejo, colectivo y emergente. El término, acuñado en el año 1968 por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, quien lo definió como “(...) el derecho a la vida urbana, transformada, renovada”, en sus antecedentes estuvo también ligado a las reflexiones filosóficas. Su desarrollo en el ámbito jurídico se ha dado en los debates promovidos por la Coalición Internacional para el Hábitat, ONU hábitat, los diversos movimientos sociales y las ciudades interesadas en este derecho. En términos generales hay un cierto consenso en que el Derecho a la Ciudad se manifiesta a través del derecho a la libertad; al desarrollo de la individualidad en la sociedad, el hábitat y la población de la ciudad; el derecho a participar y a apropiarse en términos diferentes a la propiedad privada; la movilidad, el medio ambiente… Plantea el acceso a la ciudad como una integralidad de bienes, servicios y oportunidades que permiten el ejercicio pleno de la ciudadanía. Podemos decir que el Derecho a la Ciudad está conceptualmente vinculado al ejercicio pleno de la ciudadanía entendida como la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes en condiciones de igualdad y justicia, así como al pleno respeto a la producción social del hábitat. (Véase Carta mundial por el Derecho a la Ciudad: articulo II) 

Así las cosas, si interpretamos la resolución de la corte francesa y tomamos en consideración la incorporación de los sonidos y olores del campo a la legislación, podríamos decir que estamos ante especie de Derecho a la Vida de Pueblo, encaminado a no permitir su urbanalización. Sí, esta peculiar resolución de la corte francesa nos recuerda que a la naturaleza hay que imitarla, no transformarla. Es un llamado a volver a hacer simbiosis con ella y no tanto con la tecnología, a valorar el estar juntos y no solo el estar conectados, porque es verdad ese popular adagio que sostiene que lo que el hombre hace, el hombre deshace.

La foto que ilustra este texto es de la artista Carmen Maturana.

La servucción en la prestación de bienes y servicios culturales. Carlos Lara G.

La Servucción es necesaria como estrategia de gestión cultural. Particularmente en momentos de crisis como el que estamos viviendo, pero más aún en un país donde el gobierno se desentiende de la cultura, descalifica a la sociedad civil organizada, desaparece mecanismos financieros de participación público privada y apuesta por un solucionismo populista que no ha podido estar a la altura de las circunstancias. Un gobierno donde fallar es cuestión de método. En días pasados circuló una nota en el diario Reforma sobre la renta (otra vez), de la Biblioteca Vasconcelos para la realización de escenas de una narco serie sobre la corrupción en México. El señalamiento es por la violación al Reglamento General de Servicios Bibliotecarios, que establece que estos recintos no pueden ser usados para otros fines que no sean los propios del espacio cultural. Como sabemos, en 2007 este mismo recinto fue escenario también de una pasarela para un catálogo del Palacio de Hierro. 

Bajo mi particular punto de vista, no podemos ver la renta de un espacio cultural solo desde la antropología o la sociología, sino también desde la administración pública, pues la cultura además de ser un fenómeno y un derecho, es también un servicio público. Esto nos permitiría separar el valor simbólico del inmueble para analizar las posibles oportunidades que nos podría dejar este caso. Haré un apretado ejercicio de reflexión. Si bien esta biblioteca es un recinto cultural que promueve el libro y la lectura, dicha función no debiera frenar la diversificación de sus bienes y servicios, la posibilidad de generar recursos financieros adicionales y sobre todo la posibilidad de retenerlos. Así recuperaría una parte de los recursos que le ha quitado el gobierno en el presupuesto. Es decir, si el gobierno no es capaz de dar un presupuesto digno, por lo menos debería generar condiciones para compensar la situación. Al ser una disposición reglamentaria, es decir, que está en el tramo competencial del Poder Ejecutivo, tiene fácil solución a través de un decreto presidencial, de esos que tanto gustan al mandatario. La Secretaría de Cultura debería impulsar dicho decreto para generar y retener el recurso autogenerado en estos recintos. Pensemos en lo que hubiera hecho la Biblioteca Vasconcelos con estos 311 mil 110 pesos que han ido a parar a la Tesofe. 

Es verdad que el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios establece que las instalaciones, mobiliario, equipo y acervo de las bibliotecas, serán de uso exclusivo de las mismas, y que ninguna persona o institución ajena a ellas puede disponer o hacer uso de estos para actividades ajenas a su naturaleza. Sin embargo, también es verdad que la Ley General de Bibliotecas, en su artículo noveno, establece que el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, formulará a solicitud expresa, recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red. Con criterios como este, Secretaría de Cultura podría impulsar el mencionado decreto que permita el aprovechamiento de estos espacios culturales. Es una pena ver al director de la Vasconcelos hablar del heroísmo solidario de sus bibliotutores, personas que ofrecen sus servicios por solidaridad y con sus propios recursos, puesto que lo único que muestra es un menosmalismo reprochable (menos mal que no cobran). Envía un mensaje negativo a la administración central: podemos vivir del presupuesto y del salario emocional. 

Tony Puig es un destacado analista catalán que ha escrito, entre otras, una obra intitulada Ciudades con marca, en la que contrapuntea el marketing de servicios con las burocracias casposas. Expone el concepto de Servucción, entendido como la síntesis entre servicio y producción, con un énfasis especial en la idea de que un servicio está siempre en proceso de producción. Esto es, todo servicio concluye su producción en la personalización, en el momento del uso. La idea central de este concepto es que en la prestación de servicios siempre se está en acción: “La repetición monótona no es posible”. Es así que la calidad del servicio público puede depender más del embalaje o la artesanía de su proceso de producción, que de la tecnología, el personal especializado o la operación en edificios arquitectónicos de firma. 

En la Servucción el usuario de cualquier servicio público siempre espera encontrar en él respuestas, propuestas, soluciones y pistas útiles. En el caso de la biblioteca, soportes y acompañamiento para su vida cultural, social, educativa, vecinal y recreativa. Por tanto, en un tipo ideal weberiano, el equipo de producción de cada bien o servicio cultural que presta, debería ser capaz de diseñar, a partir de competencias profesionales y mediáticas, cada utilidad de manera satisfactoria y darle forma de servicio, en lugar de negarlo, o peor aún, de condenarlo.

En otras palabras, un servicio no es un producto que se manufacture una vez y, que mediante los retoques necesarios, se repita casi infinitamente mientras encuentre usuarios. Esto es, la prestación (que no el servicio en sí), termina cuando el ciudadano, usuario o prosumidor lo usa. Recintos como la Vasconcelos corren el riesgo, pese a los esfuerzos que hace su director, de padecer el mal de los museos del país; el de tener dos visitas en la vida del mexicano, la de cuando eres niño y la de cuando eres padre. Y es que la peor la gestión de un recinto cultural como este, es intentar hacerlo pertinente y necesario en el ecosistema del nuevo consumo cultural, con mentalidad y actitudes de bibliotecario. ¿Por qué no pensar en una gran pasarela literaria anual que combine moda y literatura? Demasiada osadía para este gobierno claro.

Volviendo al punto. En la Servucción un servicio no es, casi nunca, un sólo servicio, siempre es un conjunto de servicios. Un servicio central (el núcleo) fuerte, pensado y trazado para satisfacer la necesidad comprendida de los destinatarios. El servicio nuclear en este caso es el acceso a la base de la cultura que es el libro, así como la promoción de la lectura. El libro es un bien cultural, un bien físico, que al ser digitalizado pasa a ser un servicio, un servicio prestacional que ofrece el Estado a través de este tipo de instituciones culturales. La pregunta es, qué otros servicios radiales pueden prestar en un marco de aprovechamiento para salir del precariato y sostener su actividad sustancial de una forma más digna. Además de la citada pasarela, se me ocurre otro tipo de Servucción, la de ofrecer el espacio como set de grabación para películas y series; cenas, recepciones etc… con los respectivos controles por supuesto. Creo que deberíamos abrir un poco nuestra mentalidad bibliotecaria. Dicho esto sin desdén de la profesión, antes bien como una de sus cualidades que la hace ser tan seria que vive encorsetada por inercias históricas y normas inoperantes. Debemos aprender que la única ley científica que la historia enseña, es que las cosas cambian, como bien dice el maestro José Álvarez Junco. 

El pensamiento a granel en la promoción del arte y la cultura. Carlos Lara G.

El pensamiento a granel suele producir demasiados entes diletantes en la promoción del arte y la cultura. Es incluso hasta perjudicial, en particular en este momento en el que estamos por entrar a una siguiente etapa de la pandemia, la de la vacuna. Los promotores, gestores, trabajadores, agentes, o como quieran llamarles, del arte y la cultura deben saberlo y entenderlo. Es verdad que fue uno de los sectores más golpeados, que la cultura fue fundamental en el confinamiento, que el comportamiento gubernamental ha sido ingrato y que juntos, el arte y la cultura, son algo más que la sustancia activa de cualquier vacuna contra el Covid… La pregunta es ¿Qué hacemos con todo esto? 

Organismos internacionales como la Unesco, parecen haberse quedado en la primera etapa de la pandemia, no paran de documentar la deplorable situación del sector durante el confinamiento, pero se quedan cortos al momento de plantear posibles soluciones. Promueven y publican documentos con señalamientos como: el arte y la cultura han sido las actividades humanas más golpeadas por la pandemia, el Coronavirus ha obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas de aislamiento social; durante esta época el mundo se ha volcado hacia el arte y la cultura... Es ahora que se hace notorio el valor de la música, el arte, el cine, la literatura, el baile y todas las disciplinas de contenido cultural a las que la población mundial recurre buscando calmar la ansiedad, liberar el estrés provocado por el confinamiento, por lo que han lanzado diversas campañas de promoción y acceso virtual a bienes y servicios artísticos y culturales.

En lo personal, considero que todo esto ha estado muy bien, pero como parte de una primera etapa pandémica. Ahora es necesario comenzar a pensar en las siguientes etapas. Pasar del recuento de daños y el autoelogio al arte, a la cultura y a sus promotores, a la necesidad de que los planes, estrategias y programas de recuperación económica de cada gobierno incluyan a la cultura como sector estratégico. Por ejemplo, materializar el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos del mundo para aprovechar la conexión de estos ámbitos en la mejoría y beneficio adicional de la salud física y mental de los pacientes. Aquí hay una vertiente prometedora para emplear al sector en el desarrollo integral de los tratamientos médicos.

La reunión de Ministros del G20 del 4 de noviembre pasado fue histórica por haber reconocido la creciente contribución de la cultura a la economía mundial; en particular “su potencial en el espectro de las políticas públicas para forjar sociedades y economías más sostenibles”. Más específicamente, este grupo geopolítico llamó a la cultura, por primera vez en su historia, al centro de sus debates por ver en ella un componente clave para la recuperación económica y social. Muy bien, pero ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguir regando este discurso para alimentar el pensamiento a granel? ¿O exigir y acompañar el desarrollo de estas inclusiones estratégicas desde la sociedad civil organizada? El gobierno mexicano ha sido incapaz de ver y entender esto. A mediados de la pandemia, el sector empresarial del país presentó 68 ideas para la recuperación económica. El documento no solo no contenía una sola idea en materia de cultura, sino que el presidente no lo entendió, mucho menos lo acepto. Recientemente, su cuestionada Secretaria de Economía, publicó un plan de recuperación económica verdaderamente pobre, el cual tampoco contiene en ninguno de sus cuatro ejes, una sola idea en materia de arte y cultura. Así las cosas, solo quedaría insuflar el aislado, separado, solitario y nada transversal ñoñismo verbal de una secretaría que no para de repetir “La cultura es la herramienta más poderosa de la transformación social”, “Que nadie se quede atrás”, “La cultura no ha parado” “La cultura comunitaria…”.- Este ñoñismo verbal es fuente inagotable del pensamiento a granel. 

Solo espero que el sector cultural no sea ingenuo, cretino ni pretencioso que siga creyendo que la cultura será esa arma poderosa de transformación social, ahora en su versión de antibiótico post pandémico. No lo es porque la sustancia activa de esa poderosa herramienta es el ñoñismo verbal de siempre en otra presentación. Es decir, un intento por promover el arte y la cultura como placebo para seguir dando de comer a la diletancia. 

Creo que la cultura, vista desde un punto de vista menos pretencioso, será algo más parecido al suero en la etapa postpandémica, que no es cosa menor. El suero permite inyectar sustancias al organismo que aportan elementos imprescindibles. Tiene la capacidad de irrigar cavidades y tejidos, así como entrar a las venas cuando hay disminución de líquidos o volumen de sangre. Una perfusión intravenosa en la sociedad, haría llegar de mejor forma los beneficios de un programa de recuperación económica publico-privado de mejor manera, si se hiciera a través del suero de la cultura. Se trata de que la sangre salga del corazón y llegue al cerebro de las personas y comunidades de otra manera. Ahora, esto no va a ocurrir por obra y gracia de la taumaturgia. O exigimos, acompañamos y persuadimos a golpe de señalamientos y denuncias al Estado y a la iniciativa privada la inclusión del arte y la cultura en la recuperación económica del país; o hacemos de coro de acompañamiento al ñoñismo verbal, que este 2021 viene con el discurso del “Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sustentable” y anda en busca de gestores dispuestos a alimentar el pensamiento a granel.  

Menos mártires y más apóstoles en este proceso es lo que necesita la promoción del arte y la cultura en esta etapa de la vacuna. Aquí, el primer paso es dejar de ser diletantes repetidores del ñoñismo verbal que parece no haber pasado por la pandemia. 

Política Digital para la Cultura

Política Digital para la Cultura: una primera dosis para el Covid-19 

Carlos Lara G.
Jorge Bravo
Jorge Fernando Negrete P.
José Manuel Hermosillo

Nelson Mandela decía que no había herramienta más poderosa de transformación social que la educación. Suscribimos, sostenemos y extendemos la afirmación: no hay herramienta más poderosa de transformación social que la Internet y los servicios de telecomunicaciones. En época de pandemia es la infraestructura digital la que preserva y garantiza los derechos humanos, al permitir su ejercicio. La infraestructura digital habilita el derecho a conocer y sentir, a transferir y transportar símbolos de la mano de sus significados.

Mientras te mantengas conectado, tendrás acceso a tus derechos

Como sabemos, han existido decenas de pandemias en la historia de la humanidad, pero la actual es la primera donde hay una poderosa infraestructura digital para enfrentar el confinamiento al que nos ha llevado y mantener vigentes nuestros derechos fundamentales e indicadores económicos. Es la primer pandemia que mantiene la libertad de expresión intacta, el derecho de acceso a la información pública, a la salud, la educación, al trabajo de este siglo (el teletrabajo) y, particularmente, el acceso a la cultura. 

No solo eso, será la primera en la cual la tecnología digital ayude a reactivar la economía, el empleo y la normalidad social. Lo que ello signifique. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad el ecosistema digital en su conjunto (cómputo, procesadores, software, dispositivos móviles, infraestructura de telecomunicaciones y empresas digitales) interactúa con un solo objetivo: conectar para preservar el Bienestar Digital Cultural. De ahí la consideración de que una política pública digital en materia de cultura tenga su base no solo en el reconocimiento de los derechos fundamentales y en la planeación del desarrollo nacional, sino también en la  rectoría económica del Estado y, más concretamente, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

La reclusión que estamos viviendo ha generado un proceso de inmersión digital visceral, intrusivo, inesperado e inevitable. Un cisne negro para la política cultural. Pero debemos ser capaces de observar que la cultura está frente a una oportunidad inestimable, la infraestructura digital. Todo lo que sea digital será digital, incluida la política cultural. Cuando regresemos del confinamiento seremos una sociedad más digital. La transformación digital involuntaria exigirá una nueva generación de política pública, la digital, ahora mismo.

La administración pública de la cultura no será la misma, necesita nueva política cultural, se llama política digital para la cultura y su expresión es una Agenda Digital para la Cultura.

¿Una idea es un proyecto? No. ¿Tenemos hoja de ruta en la política cultural? No. ¿Tenemos una visión digital para la cultura? No. ¿Sabemos el destino, los objetivos y el camino? No. ¿Tenemos una visión 5G del sector cultural con Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial para la experiencia del visitante y mantenimiento del patrimonio cultural de museos, bibliotecas y zonas arqueológicas? No. ¿Contamos con una política de preservación digital del patrimonio cultural en su conjunto? Tampoco. ¿Una visión para los capítulos de propiedad intelectual, economía digital y telecomunicaciones del TMEC? Mucho menos. ¿Cuál es la posición del Estado en materia de plataformas OTT como Netflix o Spotify? No sabemos. ¿Contamos con política digital para la industria editorial, para los fondos de catálogo en Kindle y Amazon? Ojalá. ¿Contamos con Agenda Digital para los Medios Públicos? La respuesta es la misma: no.

Las actividades sociales y económicas que se digitalizaron son las que están enfrentando de mejor forma la pandemia y la reclusión. La infraestructura digital les ha permitido ser resilientes y sobrevivir. La falta de demanda de servicios in situ ha sido transportada  al universo digital. La ausencia de política digital para la cultura no solo manifiesta un abandono, viola y traiciona -ipso iure- derechos humanos, conculca derechos culturales y agrede de forma íntima la creatividad y el patrimonio artístico y cultural de una nación.

La oportunidad

La emergencia sanitaria ha cambiado planes, programas y prioridades en todos los ámbitos de la vida económica y social, la cultura entre ellos. Ha alterado el fondo y la forma como se están tomando las decisiones. Sin embargo, millones de personas han constatado al mismo tiempo que podían vivir sin restaurantes, aviones, plazas, tiendas departamentales, autos, etcétera. No así sin música, libros, películas, series televisivas… El arte y la cultura han demostrado una vez más su capacidad para mantener la cordura social y hacer más llevadero el confinamiento. Es por ello que la cultura en general es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. 

La Secretaría de Cultura anunció un programa a través de plataformas digitales, al igual que decenas de gobiernos del mundo: un conjunto de acciones parecidas más a una ocurrencia que a un set de política pública de vanguardia.

Los artistas, creadores y profesionales de la cultura, así como las organizaciones del sector cultural, han desempeñado un papel fundamental en la promoción del bienestar y la resiliencia de las personas y las comunidades, ejercieron su derecho a la información, libertad de expresión y creativa, han fomentado la conciencia cívica y la tolerancia y crean las capacidades para imaginar las sociedades del futuro, que ya se configuran en medio de esta gran agitación mundial que vivimos por la emergencia sanitaria. Son ellos de quienes ha venido la inspiración de la acción pública, las mejores iniciativas.

Estamos convencidos de que el poder de la cultura y su actividad económica a través de una política digital nacional puede contribuir, sin precedentes, a la construcción de comunidades sanas, sustentables, creativas, innovadoras y resilientes, al desarrollo económico y social. 

La acción gubernamental, si decide implementar una estrategia digital enmarcada en una Política Digital para la Cultura, debe partir, como hemos señalado, del reconocimiento de los derechos fundamentales, de la rectoría económica y de la planeación para el desarrollo del Estado, así como de la consideración de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, razonando el propósito de convertir al ciudadano en el eje rector de los medios, entre ellos los de servicio público, en la acción de gobierno.

Implementar una política cultural al respeto comporta en estricto sentido de saber transitar en dos vías de forma simultánea para reducir la brecha digital entre la población y garantizar el derecho de acceso a la cultura. 

Por ello, la primera forma es mediante la inclusión digital universal que asegure la realización del derecho a participar en la vida cultural y la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan aprovechar, que asegure a la población su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que garantice el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Una segunda vía es que a través de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, sea capaz de brindar los beneficios de la cultura a toda la población, y que sean los medios para la difusión y desarrollo del arte y la cultura. Que a través de dichos medios se garantice el acceso a los bienes y servicios que está obligado a prestar el Estado, con el acento puesto en la diversidad cultural en todas las manifestaciones y con pleno respeto a la libertad creativa. 

Diseñar e implementar una política digital para la cultura significa construir nuevas oportunidades, desafíos y políticas asociados a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Las dimensiones

La dimensión digital de la cultura habilita la preservación digital del patrimonio cultural, su reconstrucción, evocación, documentación e incluso búsqueda geográfica. Las más recientes tecnologías permiten reconocer las topografías y geografías escondidas y revelarlas con el patrimonio cultural adosado a la naturaleza, generando historia y enriqueciendo nuestra cultura. Podemos preservar en el imaginario digital todo el patrimonio cultural. Las lenguas originarias, el patrimonio cultural inmaterial, el histórico y artístico deben ser sujetos de la más ambiciosa preservación digital de nuestra historia. ¿Dónde está la Mediateca Nacional?

Estar conectados significa interpretar, ejecutar para todos en el universo digital: ¿para qué una sala de conciertos si tenemos un universo propio, millones de pantallas como oportunidad de transmisión cultural? ¿Para qué un mensaje para unos, cuando el mundo observa? ¿Para qué interpretar en una sala remota, cuando podemos tocar juntos, desde distintas geografías, nacionalidades, razas y culturas? ¿Para qué ser solo provechosamente nacionales si podemos ser generosamente universales? La conquista de las audiencias es una oportunidad para las artes escénicas, las artes plásticas y la industria audiovisual.

El sector público requiere en estos momentos de la infraestructura digital para orientar la prestación de bienes y servicios culturales que garanticen el derecho de acceso a la cultura, potenciando su actividad económica, así como el ejercicio de los derechos culturales. 

Un momento cumbre de la civilización cultural será el de la combinación de los servicios públicos culturales como museos, zonas arqueológicas y bibliotecas, habilitados por el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet. Se entiende que los servicios públicos culturales prestan un servicio para todos en el universo digital. En síntesis, consideramos que una de las enseñanzas que debe dejarnos esta emergencia sanitaria es la de apostar por el diseño e implementación de una Política Digital para la Cultura.

Una Política Digital para la Cultura

Desde hace algunos años, tanto Jorge Fernando Negrete, Director de Digital Policy and Law, como José Manuel Hermosillo y Carlos Lara G., socios fundadores de Artículo 27 S. C., hemos venido madurando esta idea, pasar de la digitalización de la burocracia al desarrollo de una política pública en materia de cultura. Una Política Digital para la Cultura que fusione principios constitucionales, legislación secundaria, programa de gobierno, líneas de acción gubernamentales y una alineación transversalidad con otros sectores estratégicos para la creación de indicadores y el desarrollo de metas institucionales.

Partimos de lo establecido en la Estrategia Digital Nacional, donde el gobierno federal se ha comprometido a desarrollar una Agenda Digital de Cultura promotora de visitas virtuales a museos y sitios históricos… Dicha Agenda está orientada a impulsar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información. Cuenta con líneas de acción orientadas a posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las TIC; a desarrollar una estrategia nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en línea del patrimonio cultural; a dotar la infraestructura cultural nacional de acceso a las TIC. Asimismo, estimular el desarrollo de las industrias creativas y crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales, así como impulsar la creación e innovación digitales. Todo esto está establecido y considerado tanto en la reforma en materia de telecomunicaciones.

En este modelo de Política Digital para la Cultura consideramos necesario observar las relativamente recientes reformas a las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del Conacyt, encaminadas a terminar de democratizar la información y el libre acceso a todo lo que el Estado produce con fondos públicos. Esto es, caminar hacia el paradigma del “acceso abierto” a través de la difusión gratuita del conocimiento generado con recursos públicos y con la creación del Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, que deberá estar disponible para todos los ciudadanos. Lo anterior garantiza el derecho de todos a estar informados a través de los nuevos medios de comunicación, así como a acceder a bienes y servicios culturales que aún no terminan de ser nacionales.

Conscientes de que el derecho a la cultura se fortalece a través de la educación, en la Política Digital para la Cultura consideramos también lo establecido en la Estrategia Digital Nacional en materia de educación de calidad, cuyo compromiso es integrar y aprovechar las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mediante objetivos y líneas de acción encaminadas a dotar de infraestructura TIC a las escuelas del sistema educativo, ampliar las habilidades digitales entre los alumnos mediante prácticas pedagógicas, crear contenidos digitales alineados con planes curriculares e impulsar la evaluación de éstos con el propósito de incorporar el uso de las TIC, así como la incorporación de éstas en la formación docente como herramienta de uso y enseñanza.

En materia de acceso a bienes y servicios culturales, plateamos la posibilidad de diseñar e implementar una agenda de eventos conmemorativos y recreativos de la identidad cultural nacional, regional, estatal y municipal en plazas y espacios públicos; particularmente, en aquellos que se han venido recuperando como parte del programa de cultura para la paz, que tiene el propósito de fomentar el esparcimiento y la recreación. 

En los sitios tradicionales, tales como quioscos, casas de la cultura y plazas públicas, es necesario echar mano de la tradición que sigue reuniendo a las personas en torno a estos espacios, generalmente para escuchar música. Se requiere realizar un inventario, un registro y una catalogación de espacios públicos para saber cuál es la capacidad instalada real en el país, así como los bienes y servicios culturales con los que se cuenta y lo que podría aportar cada una de las secretarías de Estado de manera trasversal. Lo anterior para, en su caso, digitalizar, adaptar a un formato de presentación y transmitir una agenda estratégica de eventos artísticos y culturales.

Estamos seguros que una Política Digital para la Cultura que sepa utilizar la conectividad puede desarrollar un programa verdaderamente nacional de los conciertos, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Coro y del Ballet del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como lo mejor de la programación de las instituciones culturales del país. 

Considérese el material de la Cineteca Nacional, las producciones del Centro de Capacitación Cinematográfica, el trabajo realizado por los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; hallazgos e investigaciones del INAH; documentales, programas y series de los canales 11 y 22 y TV UNAM; obras teatrales de espacios como el Helénico, etcétera. Todo esto complementado con realizaciones artísticas y culturales de cada región, entidad o ciudad de la República para tener una agenda equilibrada. Asimismo, manifestaciones culturales de otros países para recrear de la mejor manera posible nuestra identidad cultural y el diálogo entre culturas.

Los elementos

En nuestra opinión, toda política pública tiene un campo de acción concreto. En ese sentido, sostenemos que la acción de gobierno desarrollada mediante políticas públicas debe apegarse al menos a las siguientes características para imprimir solidez, coherencia y trascendencia.

Legalidad. Que cuente con alguna base en la legislación que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno. Respeto al orden legal.

Recursos. Un presupuesto digno para diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar derechos fundamentales.

Transversalidad. Que el Estado, a través de sus tres poderes y los tres niveles, implemente y coordine de forma transversal la prestación de bienes y servicios en el ámbito cultural, favoreciendo una suerte de federalismo cultural subsidiario.  

Continuidad de acciones. Que exista una continuidad a través del tiempo y de los cambios de gobierno que favorezca la continuidad de acciones, con claridad, prominencia y consistencia. Aquí descansa uno de los pilares más importantes que hacen la diferencia entre lo coyuntural y lo estructural.

Conectividad. Fundamental para sintonizar y conectar con el nuevo consumo cultural de bienes y servicios culturales que es cada vez más algorítmico, que viaja cada vez más por la red y que es también cada vez más confinado.

Participación ciudadana. Que los ciudadanos, particularmente los grupos de la sociedad civil organizada impactados por la política pública, la conozcan y en términos generales la acepten. Asimismo, que exista alguna forma de rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables de aplicarla.

Relativa autonomía. Necesaria para la ágil implementación de acciones, así como para la contratación y pago de bienes y servicios.

Medición del impacto (sociocultural). Aún y cuando es complicado construir indicadores para medir el impacto sociocultural, es necesario hacerlo, porque se trata de medir el cambio de las condiciones en que vive una comunidad a partir de la implementación de acciones o programas.

Transparencia. No sólo hablamos de rendición de cuentas, también de aplicar el principio de máxima publicidad, porque esto es lo que genera participación ciudadana, continuidad, etcétera.

El tránsito de la posesión al acceso en la datósfera

Es fundamental que tanto el gobierno como los agentes culturales comprendan este tránsito que estamos viviendo, donde el libro impreso, como aún lo conocemos, ha sido durante siglos la base de la cultura, por lo menos desde la denominada Galaxia Gutenberg. En las últimas décadas del siglo XX, en la denominada Galaxia McLuhan, fue un importante difusor de ideas y base central de la educación formal. En la actualidad, en esta segunda década del siglo XXI, enmarcada en lo que podríamos denominar como la Galaxia Microsoft, hemos pasado de la posesión de bienes culturales a la suscripción y al acceso de los mismos. Una suerte de moneda social de venta algorítmica mediante aplicaciones, que pasa de la obra al texto y de éste al hipertexto: una transición marcada por la desvaloración del trabajo escrito, característico de ese emocionante paso de lo narrativo a lo visual y de lo visual a las plataformas multimedias propias de nuestra cultura actual, una cultura de masas personalizada. Lo anterior nos convierte en una suerte de prosumidores o produsuarios en movimiento; que se mueve en una cultura red, misma que se erige en una cultura de autoría donde, como diría Emmanuel Carballo, suele haber más escritores que lectores.

Visto así, desde el ámbito de la industria editorial y del comercio de bienes y servicios culturales, el libro enfrenta diversas batallas, una de ellas ocurre constantemente al seno de organismos como la UNESCO, que concibe el libro como un bien cultural, en oposición a la Organización Mundial de Comercio, para la cual un libro es un producto más en el mercado. 

Como sabemos, México forma parte de ambos organismos. Por ende, es de los países que ha optado por el modelo continental, partidario de las políticas, fomento e impulso al libro y la lectura; contrario al modelo anglosajón, promotor del libre mercado, la oferta y la demanda. Es aquí nuevamente donde la conectividad, en el marco de una Política Digital para la Cultura, puede garantizar la bibliodiversidad en la industria del libro y la lectura.

Otro de los puntos relevantes que consideramos debe tener en cuenta el gobierno y los agentes culturales es que vivimos una digitalización de contenidos en la que, la mayoría de las veces, la realidad nos demuestra que más es menos. Ya no es necesario apropiarse de esos objetos culturales llamados libros con aquella actitud burguesa de antaño, como afirma Frédéric Martel (2014), sino optar solo por tener acceso a ellos. 

Esta inmersión es una suerte de datósfera donde la suscripción, y ya no la propiedad, determina el consumo cultural, marcando el futuro de los bienes y servicios culturales, el libro entre ellos. En efecto, disfrutamos cada vez más de las descargas y ese efecto catálogo de la industria del entretenimiento, lo que demuestra que hemos pasado de una industria generadora de bienes culturales a una industria generadora de servicios, donde la capacidad de almacenamiento es determinante. Por eso es importante una Política Digital para la Cultura; no basta la digitalización de contenidos.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la emergencia sanitaria, recomendó, por primera vez en su historia, incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios. Advierten que el arte y la cultura benefician seriamente la salud. Como señalamos al inicio, en este confinamiento por la pandemia de Covid-19, el arte y la cultura se convirtieron en una evidencia para muchos, que buscan eventos culturales en línea o se dedican a actividades artísticas para matar el aburrimiento, la ansiedad o simplemente para expresarse. Han hecho más llevadero el confinamiento.

El organismo señala que la música, la pintura o la danza benefician la salud: escuchar música, por ejemplo, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre, hacer música mejora el sistema inmunitario y la gestión del estrés, bailar proporciona beneficios en todo el cuerpo y la mente y la pintura o la escultura ayudan en los estados depresivos. 

Lo anterior es muy importante, no solo por ser la primera vez que dicho organismo realiza un estudio a gran escala sobre los lazos entre el arte, la salud y el bienestar, sino también por ser la primera vez en que hace un llamado a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico. La oficina regional para Europa ha analizado 900 publicaciones científicas de todo el mundo y la principal conclusión es que “involucrarse en el arte, ya sea bailar, cantar o acudir a museos y conciertos ofrece una dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental”, según Piroska Östlin, directora regional de la OMS para Europa. 

Los ejemplos citados en el informe de la OMS muestran cómo las artes pueden abordar problemas de salud insidiosos o complejos como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental. Consideran la salud y el bienestar en un contexto social y comunitario más amplio y ofrecen soluciones que hasta ahora la práctica médica común no ha podido abordar con eficacia. Cabe señalar que el organismo ha venido apoyando recientes descubrimientos sobre el papel de la música y la creatividad como un suplemento en tratamientos severos que incluso puede potenciar los efectos positivos. 

En conclusión, una Política Digital para la Cultura puede impulsar la garantía, tanto de acceso a bienes y servicios culturales como el ejercicio de los derechos culturales que el Estado está obligado a prestar, en condiciones de normalidad como de confinamiento. En ambas ha quedado demostrado que el arte y la cultura, materializados en bienes y servicios, han sido determinantes para la convivencia y recreación de las personas, las familias y comunidades enteras. Han fortalecido la esperanza, la solidaridad y la cohesión social. Así de importante es una Política Digital para la Cultura.

10 acciones de Política Digital para la Cultura:

1. Diseño inmediato de una Agenda Digital para la Cultura. Política digital para preservar derechos y patrimonio cultural en una sociedad digital.

2. Estudio estratégico y prospectivo sobre el impacto y oportunidades de la tecnología digital en la cultura: 5G, Internet de las Aosas, análisis de los grandes datos, Inteligencia artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual.

3. Análisis estratégico de los capítulos de Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones y Comercio Digital del TMEC, su impacto, amenazas y oportunidades en la política cultural. 

4. Programas de educación artística a distancia en todas las disciplinas.

5. Programas de preservación y mantenimiento digital del patrimonio cultural.

6. Creación de la Mediateca Nacional.

7. Diseño de política editorial en el mundo digital.

8. Diseño de política para preservar el servicio público y acceso de bibliotecas, museos y zonas arqueológicas en el mundo digital.

9. Política digital para la industria cinematográfica.

10. Creación del programa de pyme cultural digital.

¿Para qué subir el piso si podemos bajar el techo? La mediocridad como política pública. Carlos Lara G.

Para qué pensar en ir al espacio, si vamos a tener un tren, para qué pensar en energías limpias, mejor el carbón, así ingresamos a los records destructivos del populismos continental; para qué impulsar una economía creativa, en la que somos líderes en América Latina, si podemos implementar una economía moral para acomplejados, para qué universidades con estándares de calidad si podemos tenerlas con estudiantes felices sin exámenes ni eficiencia terminal; para qué seguir midiendo el PIB si podemos medir la felicidad, para qué guiarnos por el estado de derecho, si podemos hacerlo con el estado de ánimo. Para qué invertir en ciencia y tecnología, si tenemos trapiches, bombas de mecate, carbón, elotes, piña de miel y petróleo. En síntesis: Para qué subir el piso, si podemos bajar el techo. 
En abril del año pasado, el mexicano Edmundo Gómez Moreno, estudiante de ingeniería, realizaba una estancia en la NASA, estancia que decidió abandonar para perseguir su verdadero sueño: hacer cumbias (Cada quien su sueño). Sí, con 28 años de edad y una formación musicial adquirida en el coro de la iglesia de su barrio, este joven promesa oriundo del Estado de México, dejó un prometedor camino dentro de su carrera para ser cumbianchero. Medianamente conocido en YouTube como “Raymix” tiene en su haber una cumbia viral que le ha dado un premio Billboard en la categoría de Canción Regional Mexicana, con el tema “Oye mujer”. No sé ustedes, pero hasta el momento, no conocía un caso tan alarmante de baja audioestima. Ahora, creo que a la NASA se abandona con algo más original, no sé, algo así como: En realidad, siento que la agencia me exige más de lo que me ofrece… ¿A que suena chingón? Pues nada, perdió la oportunidad de ser el primer cumbianchero en llegar cantando a Marte y tener su nombre en alguna calle del país, como lo tiene la perrita Laika, de hecho, y sin ser mexicana. Imaginen a Edmundo cantando una canción al planeta rojo. Pues nada, Dios te bendiga Raymix. La NASA siempre estará ahí, por si cambias de opinión. Lo sé, perdimos un talento de la ingeniería espacial, pero ganamos un cumbianchero. Andamos escasos en eso. Pasemos de esta anécdota coyuntural, al problema estructural. Mientras Estados Unidos lanza una nave espacial por todo lo alto, México da el banderazo a la construcción... de un tren. Sí, de un tren. La diferencia entre estos dos proyectos de nación, radica en que el gobierno estadounidense entiende bien la función que desempeña el empresariado en una misión de esta naturaleza, en tanto que el empresariado entiende también el papel del mandatario en el regreso de Estados Unidos a la carrera espacial. En México no, aquí el presidente y su gabinete impulsan la política pública del rencor en contra del empresariado. Por lo que crean sus propios indicadores, sus propios datos, sus propias empresas, sus propias licitaciones (directas) y sus propios beneficiarios. Es más, sus propios científicos y sus propias cifras, unas para que el pueblo debe seguir quedándose en casa y otras para que el presidente salga a hacer campaña. Duro golpe para quienes han defendido, tanto los títulos de los médicos especialistas como sus cifras.  
México tiene un gobierno de vapor en pleno siglo XXI, si consideramos el dato del conservador y vituperado diario Reforma: La nave de SpaceX que acaba de lanzar Estados Unidos le tomará 19 horas llegar a la Estación Espacial Internacional, más o menos lo mismo que el presidente López Obrador tardará en ir de la CDMX a Cancún... en auto.
En 2006 la escritora Elena Poniatowska presentó lo que según ella y la pléyade de intelectuales de izquierda de chaqueta de pana con coderas, consideraban era un programa cultural para el ahora presidente. Aquel intento de propuesta, publicado en el semanario Proceso, era en realidad una oda al petróleo y al elote. Hoy están viendo su sueño hecho realidad.
El problema del populismo mediocre y acomplejado de la Cuarta Transformación, no es la bisoñez de sus operadores, sino su política pública de bajar el techo en lugar de subir el piso. A este paso, habrá toda una generación que crea que hemos subido un peldaño en la carreta espacial, al pasar de crédulos espectadores de una Agencia Espacial Mexicana, a diseñadores de trajes de astronauta. Por cierto, felicidades el emprendedor mexicano José Fernández por otro más de sus éxitos. Su talento y osadía le han permitido rebasar la barrera de la ciencia ficción y llegar al espacio. Espero que en México los trapiches, las bombas de mecate, el carbón, los elotes, la piña de miel, o ya de plano la música de Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como “Raymix” desde que renunció a la NASA, generen, si no bienestar, por lo menos algo de felicidad... a través de la cumbia

Apoyo estatal al arte y la cultura en la emergencia sanitaria del Covid-19

El arte y la cultura como castigo

El arte y la cultura como castigo

Su consumo como parte de la justicia punitiva

Carlos Lara G.

En algo que podría ser tema central de un ensayo sobre el menosmalismo mexicano, las autoridades de León Guanajuato han decidido promover el arte y la cultura como castigo. Me pregunto qué opinaría Ibargüengoitia de esta medida que el ayuntamiento de dicha ciudad ve tan innovadora, que consiste en establecer como una alternativa de sanción para quienes infringen el reglamento de policía y el de tránsito, la visita a los museos o el trabajo comunitario. Si esto es así, considero que están enviando un pésimo mensaje.

Considérese por un momento quienes serían los infractores del reglamento de policía y vialidad. Personas en estado de ebriedad, consumidores de marihuana en espacios públicos, quienes se orinan en la calle, acosadores y gandallas de la vía pública. No tengo nada en contra de que las personas que suelen cometer este tipo de faltas se acerquen al arte y a la cultura, sino que lo hagan a manera de premio justo por infringir normas de convivencia social. Hagamos un ejercicio sobre quienes serían estos “nuevos públicos” como dicen ahora. Este reglamento, como la gran mayoría de reglamentos del país, considera como faltas, las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la seguridad, la moral, la salud o tranquilidad en lugares de uso común. Nos dice que son faltas o infracciones contra el bienestar colectivo, el consumir, distribuir o incitar al consumo de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes en lugares públicos. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ello, ocasionar molestias al vecindario con ruidos o sonidos de duración constante o permanente y escandalosa. Alterar el orden, provocar riñas o escándalos o participar en ellos. Impedir o estorbar el uso de la vía pública. Como faltas o infracciones contra la seguridad general, están el arrojar en la vía pública cualquier objeto o liquido que pueda ocasionar molestias o daños, causar falsas alarmas o asumir actitudes que tengan por objeto infundir pánico entre los presentes en espectáculos o lugares públicos; detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar explosivos en la vía pública sin la autorización de la autoridad competente. Finalmente cita como faltas e infracciones contra la propiedad en general, la realización de pintas, manchas o leyendas, o cualquier otra acción que dañe los monumentos, plazas, parques, puentes, fachadas o muros de casas, de edificaciones comerciales o industriales, o cualquier otro inmueble público o privado (salvo permisos), así como dañar, cubrir, borrar, pintar, destruir o remover señales de tránsito, de nomenclatura, el maltrato animal y un largo etc.

O sea que, si algún ciudadanos comete una de las faltas o infracciones antes señaladas le ofrecerán como una forma de evitar la multa o el arresto correspondiente, una visita de tres horas a un museo. Eso o trabajo comunitario. Lo que está haciendo el municipio es equiparar, por no decir sobajar, el arte y la cultura a nivel de tortura o molestia. Insisto, estos dos ámbitos del desarrollo humano de las personas, no pueden ser parte de un sistema de justicia punitivo. Resulta grave esta medida porque refleja la pésima concepción que tienen las autoridades de esta ciudad de la actividad artística y cultural.

Según el área de Ejecución de Sanciones de la Dirección de Prevención del Delito, mil 437 personas han preferido o han sido canalizadas al pago de multas por servicio a la comunidad o actividades culturales en beneficio propio; 948 por faltas administrativas y 489 por infracciones de Tránsito. Señala que se trabaja con jóvenes que son canalizados por parte de Juzgados Cívicos por la comisión de faltas administrativas, además de los que de forma voluntaria conmutan la sanción. Aseguran que tratan de fomentar la parte cultural mediante el conocimiento de los espacios culturales, universidades, incluso, la visita a la Biblioteca Central.

De hecho, tienen registrado el caso de un infractor, que según ellos, tenía una vasta cultura, y pagó su multa siendo guía de exposiciones en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. La psicóloga del área de ejecución de sanciones, Patricia Sata, dice que cuando hay un infractor del reglamento, se le da la oportunidad de hacer acciones en favor de la comunidad, como jardinería, conservación del medio ambiente, estética de la ciudad y actividades culturales. Lo anterior está muy bien, si entendemos por actividades culturales, prestar su ayuda para la realización de las mismas, pero no en calidad de asistente con el único propósito de conmutar una multa o un arresto.

Hacer del arte y la cultura parte de un sistema de justicia punitivo, es revivir el viejo conductismo escolar en el que de niños éramos enviados por los profesores al museo, a escribir a mano lo que decía la cédula informativa de cada cuadro.  

¿En verdad son tan malos nuestros museos que hay que generar visitas con horas de arresto? En lugar de generar nuevas estrategias de gestión cultural para hacer de la institución museística una parte central del desarrollo cultural de los ciudadanos, para que acudan a ella por interés personal o familiar, terminamos concibiendo los museos como una extensión de la barandilla. En fin, más de alguno dirá, menos mal que van a los museos. Así el menosmalismo mexicano.