Uno de los ejemplos que suelo utilizar
con los alumnos para explicar la convergencia tecnológica y el desarrollo de
las tecnologías de la información es la manera en que solían contestar el
teléfono fijo nuestros padres; decían “bueno, quienes”. Hoy decimos “dónde
estás”, debido a que la tecnología nos permite saber quién es el que habla y
que puede estar en cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo. Así
vivimos hoy, en medio de la aceleración del tiempo y la reducción del espacio.
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) comenzó a discutir la Ley de Geolocalización que permite a la
Procuraduría General de la República (PGR), a través de los ministerios
públicos, localizar a los usuarios de celulares involucrados en investigaciones
de delitos graves. Cuatro de los 11 ministros mostraron su apoyo a un proyecto
cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha
promovido un recurso de invalidez. Sin embargo el tema es claro, la ministra Luna
Ramos ha argumentado atinadamente que la reforma no viola el derecho humano a
la privacidad de una persona, ya que la ley sólo faculta a la procuraduría a
localizar aparatos, pero no a iniciar una intervención de las llamadas, cateo o
detención de una persona. El mayor rechazo a esta medida es que la PGR puede
exigir a los operadores de telefonía móvil el rastreo del aparato celular. Me
pregunto qué tipo de sociedad queremos cuando también se cuestiona la
publicación de las listas de morosos que ha hecho públicas el Servicio de
Administración Tributaria. Quienes están en contra, sostienen que la medida
viola la Constitución y la Ley de Datos Personales; ignoran que el Código
fiscal no forma parte de los derechos fundamentales.
Lo mismo ocurre con la denominada ley Beltrones, también
conocida como Ley Amprofon (por haber sido elaborada a partir de los intereses de la Sociedad de
Autores y Compositores), que por cierto
contraviene puntos fundamentales de la Estrategia Digital anunciada por el
gobierno de la república. La iniciativa busca detener la distribución de
contenidos en línea que infrinjan derechos de autor y propiedad intelectual
mediante el castigo a infractores con el bloqueo al acceso a Internet, multas y
cárcel. Sus detractores señalan que coarta el derecho a la libertad de
expresión, inhibe la innovación y frenar la inclusión tecnológica de la
sociedad, pues faculta al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) a investigar
de oficio o mediante solicitud una presunta infracción para iniciar el
procedimiento administrativo. Insisto, qué tipo de sociedad queremos.
En
lo personal considero que en nombre del derecho a la libertad de expresión y a
los datos personales se pueden cometer muchas injusticias.
Prevalece la idea de que en la red
no debe haber espacio para la ética y la deontología de otros derechos. Así fue
rechazada en su momento la Ley SOPA y su símil presentada por el Senador Federico Doring; tampoco
gustó la promovida por el diputado Armando Baez, orientada a gravar dispositivos
digitales de almacenamiento (el canon digital). Y no gusta nada de esto porque la cultura del todo gratis y la visión conspirativa de una parte de la
sociedad nos han llevado a pensar que la ilegalidad debe ser tolerada. Insisto,
qué tipo de sociedad queremos para el siglo XXI. El siglo pasado la simbiosis del hombre fue con la naturaleza, hoy es con la tecnología, eso tiene un costo muy grande que debemos saber asumir.
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