La clase política mexicana entendió la importancia de contar con
un mercado competitivo en materia de telecomunicaciones. Quienes participaron
en la elaboración de la propuesta presentada por el ejecutivo federal, sabían
que no son pocos los países en la actualidad que plantean el derecho a la
conectividad, Finlandia entre ellos. Sabían que las autoridades estadísticas de
países como Alemania y Suecia han dejado de medir el analfabetismo para
comenzar a medir el alfabetismo digital y el porcentaje de personas en
condiciones de utilizar medios digitales, como indicadores sociales de
desarrollo y bienestar. Hace un par de años, motivados por estas tendencias
mundiales, Ayuntamiento como el de la Ciudad de Puebla, impulsó la propuesta de
incluir Internet como servicio público, hoy el gobierno federal plantea el
derecho constitucional a la banda ancha, sobre la base de una exposición de
motivos que reconoce la necesidad de contar con mejores formas para combatir el
analfabetismo digital y establecer mejores condiciones de inclusión social
digital.
Los denominados medios de servicio público (Canal 22, Once TV,
Canal del Congreso, Canal Judicial… Así como las televisoras universitarias,
medios comunitarios y la denominada Televisión Digital Terrestre), están considerados
de forma relevante en la propuesta, lo cual ayudará a dar cumplimiento
progresivo al derecho de acceso a la cultura. Nuestra televisión pública en los
últimos años ha aumentado su cobertura a más de 66% de la población, lo que
representa una especie de tercera cadena. Sin embargo, era necesario lo que
plantea la reforma, la posibilidad de comercializar espacio (Sin fines de
lucro) y contar con mejores condiciones para establecer sus propias líneas
editoriales y todas las figuras deontológicas de auto regulación, esto es,
estatutos editoriales, consejos editoriales, códigos de ética, defensores del
público etcétera… De una forma más independiente. Por otro lado, la liberación
de la banda de 700 MHz que se verá favorecida con la transición a la televisión
digital terrestre (TDT), permitirá hacer un mejor uso del espectro
radioeléctrico. Es decir, además de contar con dos nuevas cadenas nacionales de
televisión abierta, habría una cadena de televisión pública nacional. Lo
anterior fortalecería de forma significativa la diversidad de contenidos. Para
ello, el Estado deberá generar las condiciones de acceso a los decodificadores
digitales. La reforma prevé un programa de banda ancha en espacios públicos que
identifique el número de sitios a conectar por año.
Tanto las reformas constitucionales como la legislación secundaria
reconocen los derechos universales a la banda ancha, a la televisión
radiodifundida, al libre acceso a la información y a la libertad de difusión;
establece las bases de una política de inclusión digital y para el desarrollo
de una política digital para la cultura, pero lo más relevante, es que da
sentido al concepto de interés público en la materia. En materia de cultura,
está enmarcada en la denominada Cultura 3.0, esa en la que conviven las
iniciativas de las industrias creativas con formas nuevas de representación y
legitimación, a través de prácticas que van de la transformación de los
públicos pasivos a un conjunto muy variado de practicantes, productores y
distribuidores cuyas estrategias no se integran en el marco del negocio
tradicional, sino que suponen una alternativa consistente al mismo. Esperemos
que sea una oportunidad de desarrollo para diversos sectores productivos del
país.
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