Los
tres primeros meses de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto han tenido de
todo. En la implementación de sus acciones predomina la determinación, incluso
en las más polémicas y cuestionadas. Cuenta con un gabinete que conoce bien el
manejo de los tiempos, que sabe que en la administración pública hay que ser
consecuente hasta en los errores, por aquello de la fiscalización. En materia
de cultura inició estableciendo cuatro compromisos dentro del denominado Pacto
por México, encaminados a reimpulsar una política pluricultural orientada a la
recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento del tejido social. Ha
recibido de la Cámara de Diputados un presupuesto 2013 que asciende a los 16
mil millones de pesos. Ha esbozado también los cuatro principales ejes de su
programa cultural a través del titular del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, quien ha dicho que consisten en un programa de calidad del tiempo
orientado al desarrollo de actividades sanas que permitan la convivencia; en la
aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción cultural; en la creación
de una transversalidad del Conaculta con otras áreas de la administración
pública, y en el impulso a las industrias culturales.
Asimismo,
ha instalado la Comisión Intersecretarial Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, donde el Conaculta estará apoyando a la Secretaría de
Educación pública en el desarrollo de programas que fortalezcan la enseñanza de
los valores cívicos y éticos; y en la promoción de la cultura y las artes entre
los jóvenes.
No
podía faltar en este periodo la publicación de los resultados de la Auditoría
Superior de la Federación. En el área de cultura el organismo ha hecho 28
observaciones, 22 recomendaciones, tres solicitudes de aclaración y 10 investigaciones
que podrían desembocar en sanciones para los funcionarios de la administración
de Consuelo Sáizar. Lo anterior por haber hecho adjudicaciones directas por 31
millones 991.7 mil pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado;
por no respetar los criterios de economía, racionalidad, austeridad y
transparencia; por no vigilar el destino de bienes pagados con recursos
públicos y haber reducido el número de actividades artísticas y culturales el
último año de gestión. Además de no haber declarado el pago de 34 millones 62
mil pesos realizado a 22 cuentas bancarias, del cual se está solicitando la
reintegración a la Tesorería de la Federación.
En
este corto periodo ha comparecido el titular del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo, ante la Comisión Permanente Poder
Legislativo, por el caso de corrupción entre la empresa Walmart y diversos
funcionarios públicos. Asimismo, ha sido destituido el delegado del INAH en
Puebla, por haber aprobado indebidamente el desarrollo de un proyecto turístico
en detrimento del patrimonio nacional. En ese mismo sentido hay que destacar la
recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al INAH, por
el estado de abandono en que tiene un conjunto de restos arqueológicos en el
Estado de México, pertenecientes a la cultura tolteca.
Cien
días pueden no ser válidos para la realización de un balance, pero permiten ver
el perfil y la determinación en las acciones de cara al mediano plazo. En
términos generales no es un mal comienzo.
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