A propósito de los foros de cultura

El jueves pasado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Federal de Acceso a la Información, suscribieron un convenio para fomentar la cultura de la transparencia en las acciones de gobierno. Con esto el CONACULTA tiene apenas dos de los seis elementos de una política cultural.

Algo positivo de este convenio es que pondrá en marcha un sistema automatizado de respuesta ágil a las solicitudes públicas hechas por los ciudadanos, a través de un sistema automatizado y la capacitación que dará el IFAI al CONACULTA, lo que permitirá agilizar los procesos de respuesta que reciba a través del INFOMEX.

Los especialistas en políticas culturales sostienen como pilares de una política pública seis rubros: continuidad, legalidad, participación ciudadana, coordinación, una relativa autonomía presupuestal y transparencia. En relación a la continuidad el CONACULTA acusa un grave retroceso, lo poco que hace dista mucho, ya no digo de la política cultural del sexenio anterior, sino del actual Programa Nacional de Cultura presentado en su momento por el Presidente Calderón y Sergio Vela. Recordemos que su actual titular prometió una nueva política cultural para el siglo XXI y hasta el momento nadie sabe en qué consiste. En materia de legalidad, cumple a secas. Es verdad, existe un Programa Nacional de Cultura que orienta las acciones del CONACULTA, sin embargo el Consejo carece de un sistema jurídico integral que le permita un mejor desarrollo, pero el actual de que es legal, es legal. En lo que concierne a la participación ciudadana, sus acciones siguen orientadas a la comunidad cultural, más que a la población en general. Y qué decir de la coordinación, uno de los puntos más cuestionados por el débil sustento jurídico del Consejo, que lo coloca por debajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Su relativa autonomía presupuestal, en efecto, es muy relativa, pues depende de la Secretaría de Educación, presupuestal, jurídica y administrativamente. Como podemos ver, salvo la legalidad y el deseo de impulsar la transparencia de las acciones de gobierno, el CONACULTA tiene sólo dos de los pilares de una política cultural. Los foros de cultura que organiza la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión seguramente recogerán, una vez más, diversas propuestas en los rubros antes señalados. Sin embargo, llevamos casi 20 años de foros sin resultados importantes. Quizá sólo la reforma constitucional al artículo 4to., que establece el derecho de acceso a la cultura, propuesta por primera vez en un foro en 1998. No es por aguar la fiesta a nadie, pero no sé a qué juega la Comisión de Cultura al organizar en Jalisco una consulta sobre el marco jurídico del sector, cuando en las oficinas del CONACULTA tienen ya el proyecto terminado.