El consumo cultural según Hacienda

El colega Carlos Villaseñor tuvo a bien difundir esta semana un acertado y puntual comentario en relación a la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)http://culturamexico.wordpress.com/. Dicha propuesta pretende eliminar la exención en el IVA a los espectáculos públicos, excepto funciones de teatro y circo. Esto bajo el argumento de que el resto de los  espectáculos públicos cuentan con mayor asistencia y reciben más inversión de parte de los promotores artísticos. La medida va en contra de los artículos 4to., y 123 constitucionales. El primero establece que todo mexicano tiene derecho de acceso a la cultura y el segundo que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural…”. Si la progresividad en el cumplimiento de estos derechos es complicada, el cobro del IVA a espectáculos públicos la vuelve imposible. El proyecto de iniciativa señala que el gasto corriente monetario en espectáculos públicos está concentrado en los hogares de mayores ingresos: el 30% de éstos realiza el 80% del total de gasto por este concepto, en  comparación al 3.7% del 30% de los hogares de menores ingresos. Lo ridículo de la iniciativa es que Hacienda funda su decisión en los que arrojó la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural 2010 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que según ellos, “permiten vislumbrar los porcentajes a nivel nacional del acceso y asistencia a estos espacios culturales”. La encuesta dice que sólo el 9.8% de la población nacional encuestada (de agosto de 2009 a agosto de 2010) ha asistido a estos eventos culturales, caso contrario muestran los eventos musicales (con 33.3% de asistencia). Señala además que las grandes compañías promotoras de este tipo de eventos destinan mayores cantidades pecuniarias para promover con soltura dichas actividades, por lo que ya no es necesario apoyarlas. Me burlo de la citada encuesta que toma Hacienda como base, por ser un documento no confiable. Está comprobado que fue uno más de los negocios sucios de Alejandra Sota, ex vocera de la Presidencia de la República en el gobierno de Felipe Calderón, quien pagó por ella más de 7 millones de pesos a una empresa sin experiencia en este tipo de mediciones. La empresa es Defoe Experts on Social Reporting y sus dueños un grupo de amigos y ex colaboradores de ella, como Rafael Giménez Valdés, ex director general de Investigación y Análisis Estratégico en Los Pinos, y coordinador de Opinión Pública de la Presidencia ¿Por qué CONACULTA no encargó la encuesta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que por cierto viene  trabajando la Cuenta Satélite de Cultura? ¿Por qué no a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien corrió la primera encuesta de 2003? ¿Por qué no a IBOPE? Lo menos que podría hacer el actual titular del CONACULTA, es quitarla de la página oficial del Consejo, por la cuenta que nos traen estos resultados ante la visión economicista de la Secretaría de Hacienda, que no entiende que gravar el consumo cultural es deteriorar el desarrollo humano; que el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre para la recreación es una necesidad cultural equiparable a la necesidad social de alimentarse bien.